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La justicia europea ha dictado este jueves una sentencia de largo alcance político para la relación con Marruecos. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, ha anulado el acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat por extender sus ventajas a productos provenientes del Sáhara occidental. La institución reprocha a los Estados miembros que, al firmar el acuerdo, en 2012, no tuvieran en cuenta “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”, establece el fallo.
Aunque el peso de los productos agrícolas y pesqueros provenientes del Sáhara occidental sobre el total marroquí no es muy elevado, la sentencia tiene un gran significado político. El tribunal cree que el Consejo Europeo —que representa a los Estados miembros— “debía asegurarse de que no existían indicios de una explotación de los recursos naturales del Sáhara occidental bajo control marroquí susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales”.
Fuentes del tribunal aseguran que la decisión, que se puede recurrir en dos meses, no invalida completamente el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos. Solo impide que sus ventajas se apliquen a cualquier producto agrícola o pesquero cuyo origen sea el Sáhara y que Marruecos pretenda exportar a la UE como producto propio. Rabat vende cada año al bloque comunitario por valor de 1.500 millones de euros, equivalentes al 0,7% del comercio agrícola total de la UE.
La justicia europea da la razón así al Frente Polisario, que había presentado recurso a finales de 2012 contra el marco comercial acordado con Marruecos. Al admitirlo como persona jurídica, el tribunal de Luxemburgo otorga legitimidad al Frente Polisario, el movimiento que abandera el derecho de autodeterminación de este pueblo y aboga por el referéndum que España, como antigua potencia dominante, y Marruecos, la actual, se comprometieron a organizar.
En su decisión, el tribunal emplea una lógica similar a la adoptada por la Comisión Europea, a petición de los Estados miembros, sobre los productos procedentes de los asentamientos israelíes en Palestina. Bruselas ofreció el mes pasado unas directrices a los Estados para que etiqueten de manera diferente los productos que Israel vende a la UE pero que proceden en realidad de territorios ocupados. Tanto en este caso como en el marroquí, el motivo es la falta de respaldo internacional a la autoridad que ejercen esos países sobre territorios que ha ocupado ilegalmente.
“Si la UE quiere negociar con los bienes del Sáhara occidental, primero tiene que consultar a la gente de su territorio, no a Marruecos”, ha argumentado la organización Western Sahara Resource Watch, defensora de los derechos de los saharauis y una de las primeras en informar del fallo del tribunal.
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